La licitación de obra pública se hunde a más de la mitad este año en la Región con solo 72,8 millones al inicio del año

Tanto la patronal de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom) como el ‘lobby’ de las principales empresas que operan en nuestro territorio, la Asociación de Constructores de Murcia (Acomur) alertan de esta evolución negativa, al mismo tiempo que reclaman un mayor esfuerzo inversor a todas las administraciones públicas. No obstante, el mayor retroceso experimentado es a cuenta del Estado, que ha pasado de licitar por valor de 98,4 millones a apenas 31,3 millones. Se trata de una disminución de hasta el 68%, fundamentalmente por el apartado de licitaciones correspondientes al denominado Grupo de Fomento (-85%), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Al respecto, hay que tener en cuenta que el pasado año había en marcha actuaciones de gran envergadura como las obras en carreteras del Arco Noroeste, al igual que actuaciones vinculadas al Corredor Mediterráneo, con la Alta Velocidad Murcia-Almería y la mejora logística de Escombreras. Mientras que en 2026 los proyectos, también más ligados a las infraestructuras de transporte ferroviario han retrocedido y son de una menor envergadura.

Como resultado, la Comunidad ha caído al puesto número 17 del ranking nacional de licitación, con una cuota del 0,8% sobre el total estatal, según el dato oficial de cierre de marzo, situándose solo por delante de Navarra, Melilla y Ceuta, y siendo la segunda autonomía que más desciende. Y es que solo el análisis concreto de ese mismo mes marca un desplome del 42,4% respecto a marzo de 2025. Por ello, José Hernández, presidente de Frecom, hace hincapié en que «necesitamos inversión pública que llegue a tiempo y que vaya allí donde genera competitividad: movilidad, logística, industria y agua», entre otros ámbitos.

Lo que es incuestionable es que los datos del último trimestre, publicado el pasado lunes por el Centro Regional de Estadística de Murcia (Crem), «confirman una evolución inestable que dificulta la planificación de las empresas y frena la ejecución de infraestructuras necesarias para la Región», puntualiza también a LA VERDAD el presidente de Acomur, José Juan González. Asimismo, advierte en su análisis que «la obra pública necesita previsibilidad, sin depender de impulsos puntuales». Esta situación -añade- «tiene consecuencias directas sobre el empleo, el desarrollo económico y la competitividad del tejido constructor regional».

En este sentido, la obra de ingeniería civil representa el 76% del total licitado este año, lo que refuerza el peso estratégico de las infraestructuras frente a la edificación, que se queda en una cuarta parte. De hecho, de las más de 4.000 empresas de la construcción que se estima que están operativas en suelo murciano, que emplean a más de 40.000 trabajadores, más de 1.150 firmas están más ligadas el mercado de infraestructuras y obra pública.

En obra pública, la licitación total en la Región llegó a alcanzar en el conjunto de 2025 los 761,3 millones de euros, un 8% más que en 2024, con un especial impulso en el último trimestre. Sin embargo, se produjo ya en el pasado ejercicio la paradoja de que pese a crecer en volumen, la Comunidad descendió en el ranking nacional por licitación, pasando del puesto 10 al 13. Además, el avance experimentado se quedó, en cualquier caso, por debajo del ritmo nacional, ya que España se incrementó en torno al 13%.

Frecom sostiene que hay «un efecto base evidente: 2025 fue un año récord de inversión estatal, con 530 millones de euros invertidos por el Ministerio de Transportes (triplicando los 170 millones de 2017), la puesta en servicio en julio de los tramos A y B del Arco Noroeste y la adjudicación a finales de año del Arco Norte (tramo B, 97,9 millones) y del cuarto carril de la A-30». Así «es lógico que, tras un pico así, la comparativa interanual del Estado se modere.

Desde Acomur reclaman por tanto a las administraciones «un marco estable de inversión, que trasladen a licitación los proyectos ya comprometidos y que abandonen tanto las fórmulas que dificultan la concurrencia competitiva de las empresas del sector como las que fijan condiciones con precios de materiales por debajo del valor de mercado», en palabras de González.

Por otra parte, las exigencias establecidas en muchos pliegos a concurso aumentan las probabilidades de que las licitaciones queden desierta debido a la escasa o nula rentabilidad de algunas obras.

Porque desde las compañías tienen muy interiorizado que cada vez les resulta más difícil llevar a cabo su actividad en condiciones adecuadas. De ahí que requieran de los necesarios cambios regulatorios que contemplen la necesaria obligatoriedad de revisión de precios y la reactivación del modelo concesional para realizar más inversiones, unido al impulso de la colaboración público-privada «para mejorar la eficiencia en la contratación y garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos», tal como pone sobre la mesa en la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Hernández concluye también refiriéndose al lastre por «la falta de planificación plurianual en muchos municipios, con capacidad técnica limitada para tramitar grandes pliegos, dependencia de fondos finalistas que llegan a destiempo, y un ciclo de ejecución municipal que se ralentiza hace que la inversión local llegue a la economía real a tirones».