Alberto Salas: «No hay dinero que repare la pérdida de un familiar, un brazo o una pierna por un siniestro vial»

El presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes de Tráfico (Adevi), el letrado Alberto Salas (Granada, 1975), lleva años dedicado a la defensa de esas personas a las que el infortunio o una imprudencia les quebró la vida. Él conoce las secuelas, las ha escuchado y las ha luchado en los tribunales. El congreso nacional de esta asociación acoge desde ayer en Murcia a más de 140 profesionales del derecho y la justicia llegados de distintos puntos del país para abordar los desafíos en la asistencia legal a las víctimas, los avances conseguidos y lo que queda por hacer.

–Es la primera vez que este congreso se celebra fuera de Andalucía, donde nació la asociación. ¿Por qué han elegido Murcia?

–La elección no es casual. En Murcia hay muchísimos asociados y es una capital donde el derecho de daños y del seguro tiene bastante acogida entre los profesionales. Había bastante demanda para que se hiciera aquí. Pero es que, además, los tribunales murcianos han sido muy innovadores y pioneros en determinadas materias.

–¿Cuáles?

–Principalmente dos: la primera, el criterio de intensidad. Las aseguradoras solían negar las indemnizaciones por lesiones argumentando que los daños materiales del vehículo eran escasos. En 2012, el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia acuñó una doctrina judicial en relación con estas cuestiones, indicando que había que priorizar las variables médicas para valorar la existencia real de las lesiones. La segunda materia, aún más novedosa, es la aportación extemporánea de pruebas. Había compañías que presentaban informes fuera de los plazos establecidos, y la Audiencia Provincial de Granada y la de Murcia han marcado la línea. Por eso creemos que era el lugar idóneo. Y lo cierto es que hemos visto un gran interés. Se trata de compartir ideas entre todos los participantes y especialmente los ponentes, donde contamos con dos magistrados del Tribunal Supremo, tanto de la Sala Primera, la Civil, como de la Segunda, la Penal, y con el presidente de la Audiencia Provincial de Granada.

–Ha defendido que es urgente crear el delito de ‘homicidio vial’. ¿Por qué cree que es necesario?

–No soy el padre de la idea; el verdadero impulsor es el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, que precisamente es uno de nuestros ponentes estrella. Pero en Adevi respaldamos plenamente esta necesidad. Estamos acostumbrados a ver auténticos dramas causados por conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas, y la práctica nos lleva a la conclusión de que las penas resultantes no valoran adecuadamente el dolor que hay detrás. Quizás con unas penas más duras habría más conciencia social. Es necesario un delito, quizá no con la misma pena que un delito doloso, pero sí algo intermedio entre el homicidio imprudente y el doloso.

–Muchas familias de víctimas denuncian una segunda victimización al llegar a los juzgados debido a las demoras.

–Es uno de los grandes problemas. Los procesos se eternizan, duran muchísimos años, las familias no cierran capítulo, y eso hace que el dolor, que no va a desaparecer nunca, siga muy vivo y latente. El problema nuclear es la falta crónica de medios en la Justicia. Las reformas de hace un año no están funcionando, está ocurriendo justo lo contrario. Y cabe pedir al sector asegurador que deje de pelear indemnizaciones que escapan un poco de lo que es una defensa lógica.

–El sistema de valoración del daño, el Baremo de Tráfico, se ha actualizado recientemente. ¿Considera que acaba con las deficiencias que tenía el anterior?

–Supuso un avance, pero la realidad social va a otro ritmo. El principio de indemnidad dice que se debe pagar todo el daño moral y patrimonial, pero la realidad es que existen topes y límites económicos. Cuando limitas el dinero destinado a la adaptación de una vivienda y el coste real es mayor, cuando pones límite a los tratamientos psicológicos de los familiares o a la ayuda de una tercera persona para un gran lesionado, estás desprotegiendo a la víctima. Las compañías tienen que asumir estas necesidades; si para ello hay que revisar las primas de los seguros, que se revisen, pero la respuesta debe ser adecuada. Hay que seguir luchando para que esos límites desaparezcan. Hay una reforma que ha mejorado algunas cosas, pero aún falta.

–Una de las cosas que salta a la vista en ciudades como Murcia o Cartagena es la gran cantidad de vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, y con ello ha surgido un nuevo perfil de accidentes y atropellos en zonas urbanas. ¿Está la legislación actual preparada para responder a las víctimas de estos nuevos siniestros?

–Precisamente una de las últimas reformas ha establecido el seguro obligatorio para estos vehículos. Eso, afortunadamente, se ha solucionado, aunque no tenga la misma cobertura que el seguro de los vehículos que conocemos. Se ha limitado a seis millones de euros, pero al menos hay un montante que puede cubrir suficientemente. Yo he sido partidario de equipararlo al de los turismos, que tienen 75 millones de euros de límite. Ha habido muchos accidentes sin cobertura. No había para el tratamiento médico, ni para rehabilitación, ni para indemnizaciones y era un problema tanto para el causante como para el perjudicado. Ahora hay que hacer más concienciación social del uso del patinete.

–Más allá de las indemnizaciones por secuelas físicas hay un amplio campo. ¿En qué lugar se sitúan el estrés postraumático o la depresión? ¿Están suficientemente indemnizadas este tipo de secuelas?

–De por sí la indemnización en su conjunto nos parece escasa. Si pierdes a un familiar, o una pierna o un brazo, por mucho dinero que te den no se puede reparar, es algo irrecuperable. Tiene que haber unos límites y unos baremos, pero es cierto que hay cuestiones como las afecciones psicológicas que resultan especialmente insuficientes y sobre todo difíciles de demostrar, y ahí hay un problema, porque son las que más suelen pelear las compañías.