Los vecinos de Molina de Segura mantienen la presión para que retiren una antena de telefonía

Miguel Palazón, portavoz de la plataforma, repasa con precisión el historial del expediente para entender por qué la desconfianza vecinal hacia el consistorio es tan profunda. «El procedimiento arrancó el 4 de julio de 2023 y llevamos tres años viendo cómo se conceden plazos, se piden subsanaciones y se vuelve a empezar», explica.

Según Palazón, el ayuntamiento rechazó por segunda vez la declaración responsable presentada por la empresa propietaria, desestimó las alegaciones que esta formuló tras el precintado y el pasado 9 de enero impuso multas de 8.600 euros tanto a American Tower España como al propietario de la terraza donde se ubica la instalación, con la obligación de reponer la legalidad, ya sea legalizando la antena o retirándola.

Lo que irrita especialmente a los vecinos no es solo la antena que comunicaron, sino lo que vino después. «El 4 de julio de 2025 instalaron dos antenas más de otra operadora sin ni siquiera haberlo comunicado a Urbanismo», señala Palazón. Esas dos estructuras adicionales, junto a la principal, que nunca contó con declaración responsable favorable, componen un conjunto que la plataforma califica sin matices de ilegal. Y dice que el precintado no llegó por iniciativa municipal, sino tras una orden judicial que la Policía Local tuvo que solicitar ante la negativa de la empresa a cumplir la orden de suspensión dictada en septiembre.

Movimiento municipal

Ahora, el colectivo da un paso más en su ofensiva y denuncia abiertamente lo que denomina «silencio administrativo» por parte del equipo de gobierno del PP de José Ángel Alfonso y Vox. La solicitud de información sobre el estado del expediente sancionador, presentada el 10 de febrero, sigue sin respuesta, lo que a juicio de la plataforma vulnera el Convenio de Aarhus, que obliga a las administraciones públicas a garantizar el acceso de los ciudadanos a la información medioambiental.

El alcalde, José Ángel Alfonso, ha ofrecido a LA VERDAD su lectura del expediente, que difiere en varios puntos del relato vecinal. Alfonso recuerda que fue el propio ayuntamiento quien solicitó el precintado judicial de la antena, y detalla los motivos por los que se rechazaron las dos declaraciones responsables presentadas por American Tower: la primera, por no adjuntar el proyecto firmado digitalmente; la segunda, por no subsanar los reparos relativos a la integración urbana de la instalación.

En cuanto al expediente sancionador, el alcalde asegura que sigue su curso tras finalizar el periodo de alegaciones, y aclara que el desmontaje de la antena depende de la empresa. Si esta no lo ejecuta en el plazo legal establecido, el ayuntamiento podrá proceder a realizarlo de forma subsidiaria. Alfonso también precisa que «toda esta información ha sido trasladada por teléfono al presidente de la plataforma cuando este llamó para interesarse por el estado del expediente, lo que contradice la denuncia vecinal de silencio administrativo».

Sobre las demandas relativas a cambios legislativos en materia de telecomunicaciones y 5G, el alcalde señala que «esas competencias corresponden a la Secretaría de Estado y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y no al consistorio molinense».

Jurisprudencia del Supremo

Los vecinos también exigen una respuesta inmediata a las consideraciones planteadas el pasado 12 de febrero por la Asociación Murciana Contra la Contaminación Electromagnética (AMUCCEM), que basándose en sentencias firmes del Tribunal Supremo y en presuntas vulneraciones de la propia ordenanza municipal, concluye que el ayuntamiento está obligado a ilegalizar y desmantelar la antena «sin más dilación». La plataforma entiende que ese argumento jurídico no admite medias tintas y que el consistorio no puede seguir ignorándolo.

Desde Urbanismo, la concejala Paloma Blanco de Vox ha sostenido en declaraciones anteriores que la instalación es compatible con el planeamiento vigente y que podría legalizarse en cuanto se subsanen los reparos técnicos pendientes. Una salida que Palazón no termina de aceptar. «El ayuntamiento mantiene una postura equidistante entre los intereses económicos de la empresa y los de los vecinos, cuando llevamos siete meses sin antena y nadie en el barrio echa en falta cobertura», afirma. Para él, el argumento de la necesidad de servicio que esgrime la empresa no se sostiene sobre el terreno.

Entre las reclamaciones que la plataforma ha puesto sobre la mesa figura también la reactivación de los medidores de radiación electromagnética instalados en el municipio. Se trata de un servicio que permitía a cualquier vecino consultar en tiempo real los niveles de emisión, y que dejó de funcionar sin que el Ayuntamiento haya renovado el contrato con la empresa que lo gestionaba. Los vecinos piden, además, que se instalen nuevos equipos junto a las antenas que todavía carecen de este sistema de control. «Lo que no se mide, no se sabe si está dentro de los límites autorizados», subraya Miguel Palazón.

La plataforma también exige que el equipo de gobierno municipal aplique el llamado Principio de Precaución, y que se pongan en marcha campañas institucionales de información pública sobre los posibles riesgos a largo plazo de las tecnologías 5G. Para respaldar esa demanda, se amparan en la Resolución 1815 (2011) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos, así como en el Estudio REFLEX de la Unión Europea, que analizó los riesgos derivados de la exposición a campos electromagnéticos de baja energía.

En el plano sanitario, el colectivo alerta sobre lo que describe como «numerosos casos de cáncer detectados en el entorno de la antena», aunque sin precisar datos concretos ni base científica que los vincules con las antenas. También denuncian que la instalación carece de autorización del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y que se encuentra en las inmediaciones de colegios y parques públicos, donde la exposición afecta a menores.