Una ola de recursos retrasará la polémica concesión de amarres en el puerto de Cabo de Palos

El proceso busca poner fin a un vacío legal de casi una década, ya que las concesiones temporales están caducadas al haber sido licitadas por última vez en 2012 para un periodo de cinco años. El principal foco de conflicto es el sistema de puntuación elegido por Infraestructuras, que los usuarios actuales califican de injusto. La baremación equipara las condiciones de quienes ya tenían un amarre con las de aquellos que estaban en lista de espera, y penaliza a los propietarios de barcos recalados en Cabo de Palos que no residan ni en Cartagena ni en la Región de Murcia.

La Consejería, que recibió 317 solicitudes -aunque algunas ya han sido inadmitidas-, ha desestimado la petición de suspender cautelarmente el proceso hasta que se resolvieran los recursos, tal y como habían pedido algunos interesados. Fuentes de este departamento apuntan que, una vez vistas las posibles alegaciones de los solicitantes, se prevé resolver primero los recursos presentados para, posteriormente y en caso de ser desestimados, continuar con el procedimiento y asignar los puntos de amarre. La oferta incluyó 172 puestos para embarcaciones de recreo particulares, 14 para escuelas o empresas de buceo, dos para chárteres de alquiler y seis para barcos oficiales.

Las respuestas que el departamento de García Montoro está preparando para estos recursos se centrarán «en defender el uso del dominio público en condiciones de igualdad y transparencia, tal y como se ha contemplado en la convocatoria vigente, teniendo en cuenta que los ciudadanos de la Región de Murcia deben tener algún tipo de puntuación por su vinculación con el puerto y la zona en que el mismo se ubica, así como el carácter preferente tanto a usuarios que ya tienen punto de amarre allí como a aquellos que estaban en la lista de espera».

Malas relaciones

La convocatoria pública para los amarres de Cabo de Palos fue firmada por el ex director general de Litoral y Puertos, Pablo Marín, cesado la semana pasada y cuyo puesto ocupa ahora el ingeniero civil Agustín Osete. Las relaciones entre el antiguo responsable y el sector náutico de la localidad acabaron mal, y no solo por la forma en la que articuló los criterios de puntuación. Emilio Gil, presidente del Club Náutico Cabo de Palos, protesta porque la Consejería ha optado en los últimos tiempos por dar prioridad a otros negocios en la localidad, como el hostelero.

«Acabamos indignados con el anterior director general por el concurso, pero también por la subida de la cuota del alquiler» del piso en el edificio administrativo del puerto que la Consejería ofreció al club. La última concesión venció en 2025 tras un permiso de cinco años, y ahora la entidad pasaría de pagar 90 euros al mes a 750 euros por una licencia que deberá renovarse anualmente. El puerto, cuyo gestor es la Comunidad Autónoma, «es una parte de la sociedad civil» de Cabo de Palos y «potencia la desestacionalización». Gil espera que el nuevo encargado de Litoral reciba a los usuarios y frene las decisiones que tomó su antecesor.