El Pleno del Tribunal Constitucional acordó este viernes admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la reforma que aprobaron Partido Popular y … Vox el pasado mes de marzo en la Asamblea Regional de la ley que fija la frontera del parque regional de Sierra Espuña. El cambio excluyó del área protegida la zona recreativa y monumental de La Santa y la carretera RM-502 con el fin de salvar al rally de La Santa de las restricciones ambientales que impedían su celebración desde 2023.
El Defensor del Pueblo presentó un recurso ante el alto órgano judicial a instancias de Ecologistas en Acción, que había pedido la intermediación de esta institución «a la vista de la notoria injusticia y arbitrariedad» que se llevó a cabo con la modificación legislativa. La reducción de los límites fronterizos salió adelante pese a que los letrados de la Cámara autonómica realizaron la misma advertencia que ahora analizarán jurídicamente los magistrados.
El Constitucional deberá investigar ahora si, como plantea el Defensor del Pueblo, la reforma de PP y Vox vulnera la competencia estatal sobre legislación básica en materia de medio ambiente. Además, tendrá que estudiar si esta también choca con el articulado de la ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
El Defensor, por su parte, apreció un «incumplimiento de la legislación básica estatal y la consiguiente inconstitucionalidad del artículo único de la Ley 1/2026, de 2 de marzo, de la Región de Murcia, de manera mediata o indirecta, por vulneración de la disposición constitucional que atribuye competencia al Estado para dictarlos, sin que sea posible vislumbrar una interpretación alternativa que permita eludir la contradicción advertida entre la ley autonómica y las leyes estatales de carácter básico».
Denuncia en Fiscalía
La batalla judicial también continúa activa vía Fiscalía de la Región de Murcia, donde el colectivo ecologista denunció a los portavoces parlamentarios de PP y Vox por un presunto delito de prevaricación. La demanda sostiene que ambos partidos tramitaron de urgencia la modificación del perímetro del espacio protegido a sabiendas de su inconstitucionalidad, ignorando las advertencias de los letrados del Parlamento regional, quienes ya habían señalado que el cambio normativo esquivaba la legislación estatal al “no cumplir los requisitos exigidos” por la misma. Además, percibieron arbitrariedad y vulneración del principio de no regresión ambiental.
En paralelo, la organización solicitó que la Comunidad Autónoma se abstenga de autorizar el rally automovilístico en una zona de alto valor ecológico y de protección para la avifauna hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie de forma definitiva. Esta prueba de velocidad ya había sido frenada en el pasado por su impacto ambiental, un obstáculo que la Consejería de Medio Ambiente intentó sortear al estipular en el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión de Sierra Espuña que estas carreras sí podrían celebrarse siempre y cuando su recorrido discurra íntegramente fuera de los límites del parque.
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