El exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (segundo por la derecha) en el juicio que se inició este jueves en la Audiencia Nacional, en Madrid. /
La Audiencia Nacional inicia el juicio por los presuntos trabajos de reputación que el exregidor hizo a excargos del PP de León con las cuestiones previas de las partes
El exalcalde de Cartagena
José Antonio Alonso se sentó este jueves en el banquillo por la primera de las piezas de la ‘
Operación Púnica‘ que llega a estrados, la relativa a la trama leonesa. El exregidor socialista afronta penas que suman cinco años y medio de prisión por presuntos delitos de malversación de fondos públicos en concurso con falsedad y fraude.
Alonso está acompañado en el banquillo por su socio, el presunto conseguidor de la trama Alejandro de Pedro, para el que la Fiscalía reclama la misma pena; y por otros procesados, como el expresidente de la Diputación leonesa Martín Marcos Martínez, que afronta hasta ocho años de cárcel, la pena más alta que se solicita.
El tribunal inició la vista este jueves con el planteamiento, por parte de las partes, de las cuestiones previas. Las defensas alegaron que en este caso se ha producido una vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva y a un procedimiento sin dilaciones y, en este sentido, remarcaron que este se prolonga ya más de ocho años.
Algunos de los letrados defensores reclamaron, asimismo, que los procesados declaren al final del juicio, que cuenta con nueve sesiones, y no al principio, como viene siendo habitual. Una petición que, en todo caso, deberá ser analizada por el tribunal. Estas partes se opusieron frontalmente, además, a que el Ministerio Público incorpore a la causa documentación perteneciente a otras de las piezas separadas de esta macrocausa.
Contratos públicos
El fiscal relata que Alonso y De Pedro trabajaban desde 2010 para diversas administraciones públicas, gracias a los contactos políticos atesorados por ambos. Juntos controlaban un grupo de empresas que les permitía la consecución de contratos públicos a cambio de realizar a las autoridades que estaban al frente de dichas administraciones trabajos personales de imagen, reputación ‘online’ y posicionamiento en la red por su sociedad Eico Online Reputación Management SL, consultora de servicios en internet.
También se encargaban de mejorar la imagen pública de los políticos, neutralizando, cuando era necesario, las noticias negativas. «Para este fin, utilizaban a la sociedad Madiva, propietaria de decenas de periódicos digitales, que actuaban como motores de réplica de las noticias fabricadas, sin ningún interés periodístico. Muchos de dichos periódicos permanecían dormidos sin actualizar, conocidos como ‘zombis’», expone el escrito del fiscal.
En 2012, De Pedro y Alonso Conesa captaron como clienta a la entonces presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, con la que acordaron trabajos para «limpiar y cuidar» su reputación en redes sociales. Después de la muerte de Carrasco, que fue asesinada en 2014, los servicios de reputación continuaron con Martín Marcos como presidente en funciones de la Diputación y se habrían pagado de manera «subrepticia» a través de la simulación de contratación de publicidad institucional.
La trama murciana
El arranque de este juicio se ve afectado por los criterios dispares que han surgido en estos años respecto a esas campañas de reputación. El Tribunal Supremo, por ejemplo, dio carpetazo definitivo a las acusaciones que durante casi seis años pesaron sobre el presidente murciano
Pedro Antonio Sánchez por la trama murciana de este caso. Las dos fiscales de ‘Púnica’ llegaron a formular escrito de acusación, en el que pedían dos años de prisión al antiguo presidente del PP regional por un presunto delito de fraude, pero la acusación acabó sobreseyéndose. La suerte para Sánchez cambió drásticamente en este asunto cuando el Tribunal Supremo exculpó a la antigua alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, pues los hechos que se le atribuían estaban estrechamente ligados a los del expresidente murciano.
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