El parto es, sin duda, el momento más crítico del embarazo. Y aunque la medicina moderna ha permitido que la mortalidad en el parto … se reduzca muchísimo, lo cierto es que los riesgos siguen siendo altos, y se multiplican debido a determinadas circunstancias. Estos riesgos pueden poner en peligro tanto a la madre como el hijo, y es esencial que la paciente sea consciente de ellos para poder tomar una decisión informada respecto a los mismos.
Esa es la clave de del caso que recoge una sentencia del Tribunal Supremo a la que ha tenido acceso LA VERDAD, en el que una mujer ha recibido una indemnización de 200.000 euros debido a una deficiente asistencia sanitaria y la falta de consentimiento informado durante un parto.
Un segundo parto sin cesárea
Los hechos sucedieron en 2013, cuando una mujer acudió al Hospital de Ciudad Real con un embarazo de más de 42 semanas. Se trataba de su segundo embarazo, y el primer parto había sido por cesárea, tal y como constaba en su historial médico. Sin embargo, en urgencias le dieron el alta, considerando que no había dilatado suficiente, y la citaron para dos días después para un ingreso programado.
Sin embargo, llegado el momento del parto, el equipo médico optó por un parto vaginal, suministrándole «una medicación para provocar el parto (oxitocina), en vez de practicarle una cesárea a pesar de objetivarse el sufrimiento fetal».
Según recoge la sentencia, a las 3 y media de la madrugada la mujer empezó a sangrar, los monitories se activaron con la señal de alarma y apareció impresa la palabra bradicardia. Ante esta situación, fue llevada urgentemente al quirófano, al sospechar que se había producido una rotura uterina. A las cuatro de la mañana nació la niña por cesárea, «con diagnóstico de depresión neonatal severa e hipoxia perinatal», que fue trasladada a la UCI de Albacete, donde estuvo ingresada 20 días. Como consecuencia, la niña padece de encefalopatía isquémica y tiene reconocida una discapacidad del 78%.
Demanda a la compañía aseguradora
Por estos hechos, la madre demandó a la compañía aseguradora, Mapfre, solicitando una indemnización de un millón de euros para su hija y de 96.000 euros para ella. Sin embargo, el juzgado de primera instancia y la Audiencia Nacional desestimaron que hubiera habido una mala praxis médica en la ejecución del parto, aunque admitieron que sí hubo una vulneración del derecho al consentimiento informado, por lo que le concedieron una indemnización de 10.000 euros por daño moral autónomo.
Ante estas resoluciones, la mujer recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo, que ahora se ha pronunciado estimado parcialmente sus pretensiones. En concreto, considera que la mujer no fue informada correctamente de los riesgos aumentados del parto vaginal tras una cesárea. De este modo, se le privó de la oportunidad de elegir la cesárea, lo que habría evitado el daño físico ocasionado a la mujer y al bebé.
Sin embargo, admite que es difícil saber qué decisión habría tomado la mujer, por lo que estima «en un 20% las posibilidades de que la mujer hubiera optado por la cesárea y no hubiera continuado con el parto natural». Por ello, fijan la indemnización para su hija en 200.000 euros y para la madre en 1.077,96 euros, más los intereses legales que le corresponden.
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Enlace de origen : 200.000 euros de indemnización por los daños sufridos por el parto tras una cesárea
