La regularización de migrantes arranca entre advertencias de un embudo en la tramitación

Los sindicatos ya advierten de un embudo de gestión que anticipan por la falta del personal que consideran necesario para asumir el aumento de trámites hasta el 30 de junio, cuando acaba el plazo para acogerse al proceso extraordinario, en el que participarán entre 25.000 y 35.000 personas, según las estimaciones de los sindicatos policiales, Jupol y SUP.

Ambos coincidieron ayer en reclamar refuerzos policiales urgentes para poder dar salida a la llegada de expedientes que sufrirá, de forma especial, la Brigada de Extranjería, que cuenta actualmente con 14 efectivos en activo en plantilla y 7 personas interinas cuyo contrato finaliza entre junio y julio. «Necesitamos por lo menos el doble para garantizar que no nos desborden las previsiones, porque creemos que va a ser un ‘boom’ bastante importante», señala el secretario de SUP, Adrián Rodríguez, que considera que el primer escollo estará en el área administrativa de la Oficina de Extranjería, dedicada a Trabajo e Inmigración.

6.000 solicitudes pendientes

Esta se encuentra, según señala César Pérez, responsable de Extranjería de CC OO, ya saturada con la actividad ordinaria, y ha estado sometida, en los últimos años, a una presión creciente. «Tenemos una plantilla que tiene 92 puestos y 7 vacantes, dimensionada para 2006, que 20 años después tiene que gestionar un volumen de trabajo que no tiene nada que ver con el de entonces». Extranjería acumula ya, sin proceso extraordinario de por medio, un tiempo medio de resolución de 184 días, según los datos de CC OO, y tiene cerca de 6.000 solicitudes pendientes entre arraigos, renovaciones y procesos ordinarios. «Para que la oficina funcione con unos plazos razonables harían falta al menos 50 personas más», asegura.

El representante de CC OO subraya que Extranjería se limitará a la recepción y gestión de la documentación, mientras que la validación de los expedientes y la resolución final recaerá en 49 efectivos de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, ubicada en Vigo, que se reforzará con 150 personas. A eso se suman 43 empleados de Tragsa en todo el país que canalizarán la documentación. «Están obligando a todo el mundo a acudir a la parte telemática, porque la parte física no tiene capacidad en España para tramitar más de 200.000 solicitudes del medio millón previsto en el plazo que se ha dado. Y muchos solicitantes tienen una brecha digital y de idioma». «Eso –asegura Pérez– les deja dos vías, pagar a alguien que se lo gestione o ir con los papeles físicamente, pero para eso no hay capacidad. La cita previa es un camino muy bloqueado. Ya he visto anuncios pidiendo dinero por una para conseguir cita para la regularización».

A esto se podría sumar la huelga convocada por CC OO en Extranjería desde el martes 21 para reclamar estos refuerzos, un paro que no secunda UGT «por responsabilidad». Desde este sindicato, afirman que comparten, en todo caso, la necesidad de refuerzos y de mejora de las condiciones para las plantillas.

«La Oficina de Extranjería está claramente colapsada y lo están pagando los empleados públicos y los usuarios», señala Miguel Lajarín, de UGT, que también apunta al papel del mercado negro de citas. «A la comunidad migrante se le cumplen los permisos y no les da tiempo a renovarlos. Tienen que estar muy atentos para intentar conseguir una cita, y muchas veces tienen que pagar en locutorios o a mafias».

En el área policial de Extranjería, Jupol también reclama un refuerzo «inmediato» de efectivos, más medios técnicos y un plan integral de seguridad ante la regulación «masiva». Serán los encargados de asumir la expedición física de la tarjeta del número de Identidad de Extranjero (NIE). «Luego habrá que repartirlo donde vivan esas personas, en distintas oficinas de expedición, y este trabajo se mezcla con todo el resto de renovaciones ordinarias que tenemos, de las solicitudes temporales, y que coincide ahora también con la renovación de las tarjetas de los refugiados ucranianos», explica Adrián Rodríguez.

El refuerzo en las comprobaciones introducido en el texto definitivo del borrador, que exige la presentación de un certificado de antecedentes penales, será otra de las tareas. «Es una buena noticia, porque la declaración responsable no tenía sentido, pero ahora tenemos que ser muy exhaustivos, comprobar que sean certificados originales, que no haya ninguna irregularidad en el documento y que corresponda a esa persona. Y luego hay que comprobar los antecedentes también en España». El SUP teme que puedan repetirse problemas con las bases de datos del programa de Extranjería que usan para cruzar los datos con las bases policiales nacionales, que obligó durante un tiempo a tener que acudir a un programa externo, lo que frenó los trámites.

Sin hora no habrá atención

Respecto a la posibilidad de acudir a la Seguridad Social para tramitar la solicitud desde el próximo lunes, la Delegación del Gobierno explica que el listado de oficinas que participarán en la regularización «no es público». «Esta vía funcionará exclusivamente con cita previa. Por este motivo, las personas que acudan a estas oficinas sin esa cita no serán atendidas», aseguran. «La intención es evitar frustraciones y desplazamientos en vano por acudir a una de estas oficinas y no ser atendidos. Apelamos a la tranquilidad: siempre se asignará una cita en la oficina más cercana». La Delegación recuerda, además, que no hay que acudir a otros puntos de atención que no forman parte del proceso: ni ayuntamientos ni otros registros de la Administración.

El Gobierno regional, por su parte, confirmó ayer que recurrirá el decreto de regularización de inmigrantes ante los tribunales. Desde San Esteban, se apela al impacto que tendrá en los servicios básicos de la Región y lamentan la falta de consultas a las comunidades, a las que afecta directamente, en su diseño.

Correos habilitará 14 oficinas en la Región de Murcia para la recogida de documentación de la regularización de inmigrantes, que contará con el servicio postal como colaborador en las poblaciones con más de 50.000 habitantes. Ocho de las oficinas habilitadas se sitúan en el municipio de Murcia. Tres están en pedanías: la de El Palmar de la calle San Roque, la de Algezares y la de Cabezo de Torres, en la calle Constitución. Las otras cinco son las ubicadas en avenida Levante, plaza Circular, Pintor Pedro Flores, Simón García y la calle Trovero el Repuntín. Habrá otras tres en Cartagena; en Alameda de San Antón, plaza San Francisco y Jardines; dos en Lorca: rambla de las Chatas y en Musso Valente; y una en Molina de Segura, en Gutiérrez Mellado. «Vamos a tener que concentrar en muy poco tiempo una adaptación a un servicio que es importante», advierte José Corominas, delegado del servicio postal en UGT. «Tienes que formar a 1.200 empleados en todo el país en dos semanas. Va a ser un desafío».

En el Consulado de Marruecos en Murcia, la actividad se ha incrementado de forma notable en los últimos meses para la obtención de la documentación necesaria para optar a la regularización. La subida de la demanda registrada lo llevó, de hecho, a ampliar el horario de atención hasta las seis de la tarde de lunes a viernes y a abrir los sábados, especialmente por el incremento de solicitudes de legalización de poderes con que los ciudadanos pueden habilitar a un compatriota a que actúe en su nombre en Marruecos y realice por él gestiones sin tener que viajar. Ahora, la exigencia introducida en el texto final del real decreto de regularización de certificar la ausencia de antecedentes penales en el país de origen también aumenta la presión en otros trámites, que ya cuentan una espera para la cita previa de cerca de un mes. Es el tiempo que aseguraba ayer haber tenido que esperar Khalid Makri, un trabajador del campo con cuatro años de residencia en España, que acudió para completar una gestión del pasaporte de su hijo. «Ahora hay muchos problemas con las citas, mucha gente en el Consulado, mucha gente en Extranjería…». Khalifa Boujou, de 60 años, que no dejaba de servir comida en su puesto móvil a las puertas del edificio consular, había notado ya el cambio de interés entre los clientes. «Se acumula gente que quiere el certificado de antecedentes. Es normal. Ahora todos lo quieren a la vez y eso va a ser un problema». En los consulados de Ecuador y de Bolivia, en cambio, la gestión puede realizarse completamente ‘online’, y obtener un certificado con 90 y 30 días de validez, respectivamente.