Las grandes entidades sociales de la Región se suman a la gestión de los certificados de vulnerabilidad

Estas se suman así a otras que ya están en ello, como Cepaim, Murcia Acoge, Ymca, Columbares, la asociación Rumiñahui, Apramp, CATS y Oblatas, entre otras. También entidades de menor tamaño como Convivir Sin Racismo han solicitado ya la acreditación.

La presión sobre las entidades con capacidad para dar el certificado se ha dejado notar con situaciones de nervios y largas colas, como las que se han visto en Murcia a las puertas de Rumiñahui en los últimos días.

Cáritas ya aparece, desde el viernes, en el registro ministerial que la habilita a expedir los certificados de vulnerabilidad y a presentar solicitudes a través de la plataforma Mercurio, el sistema telemático para gestionar de forma digital los trámites en nombre de los interesados.

Accem y Cruz Roja, por su parte, han confirmado a LA VERDAD su pronta anexión al proceso. La primera, que por el momento aparece solo como entidad con presencia en Madrid, está solo a la espera de confirmación. Y Cruz Roja se encuentra ultimando con el Ministerio el trámite para sumarse a la gestión en breve.

Las cifras de usuarios de Cáritas dan ya una idea de la capacidad de tramitación que ganará la Región de Murcia con la suma de estas organizaciones: cerca del 50% de las personas que atiende la entidad social de la Iglesia se encuentran en situación irregular, lo que supone unas 11.000 personas: un tercio del total de solicitantes previstos para la regularización en la Comunidad.

Cáritas cuenta con 158 puntos parroquiales de atención en la Región y, aunque no todos realizarán los trámites, sí habrá parroquias de referencia que darán servicio a las que, por sus características, no puedan realizarlo. Además, la entidad ha creado un grupo especializado en Extranjería compuesto por cinco personas que se ocuparán de atender los casos más complejos, y que pueden necesitar más ayuda.

«Ahora tenemos también la oportunidad de poder presentar la solicitud en nombre de estas personas, aunque vamos a intentar hacerlo solo con quienes no tengan autonomía y los perfiles más complejos a los que acompañamos», señala la responsable de Acción Social en Cáritas en la Región, Laura Pedreño. Entre estos supuestos están las «personas en asentamientos, sin hogar, con enfermedades crónicas o que llevan muchos años en España pero no han podido acceder a la documentación que necesitan», afirma. A los demás se les asesorará para que puedan hacerlo por sí mismos.

¿Quién no lo necesita?

Desde las entidades que pueden expedir el certificado subrayan que muchas de las personas que quieren participar en el proceso no necesitan el informe de vulnerabilidad. Cualquier extranjero en situación irregular que acredite que ha trabajado o que tiene intención de hacerlo, con una oferta o una declaración responsable de que emprenderá un negocio como autónomo, no tendrá que aportarlo. Tampoco los que convivan en España con su unidad familiar. Otra cuestión en la que inciden varias entidades es que van priorizar a sus usuarios, dada la facilidad de contar ya con información sobre ellos.

En cualquier caso, la sensación en el Tercer Sector es que la situación se va a normalizar y de que el plazo es amplio. «Nadie se va a quedar sin su certificado de vulnerabilidad. Hay tiempo», repiten fuentes de varias entidades que el pasado jueves participaron en una reunión de la Red de Lucha contra la Pobreza para poner en común los problemas que han detectado.

También en el apartado de los servicios sociales se celebra mañana un encuentro de trabajo entre los responsables en los municipios y de la Delegación del Gobierno. «Queremos un canal de comunicación directo entre los 45 ayuntamientos, a través de sus coordinadores sociales y la Delegación, y un despliegue de intérpretes», adelanta Víctor López, presidente de la Federación de Municipios.

En los servicios sociales, la presión tampoco cesa y la falta de recursos sigue dejando imágenes de grandes aglomeraciones. Algunos han tenido menos problemas que otros. En Murcia, las gestiones se han disparado un 70% respecto a las del mismo periodo del año pasado, aunque la gestión avanza en los 65 puntos de información y registro y los tres registros principales en la Glorieta, Plaza de Europa y Abenarabi, que han permitido tramitar cerca de 1.500 solicitudes de informes de vulnerabilidad, según señala la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia, Belén López.

En Cartagena, el Ayuntamiento informa de 1.100, y la alcaldesa, Noelia Arroyo, destaca los refuerzos puestos en marcha ante lo que considera un «caos» de gestión del Gobierno central. María Castillo, la edil de Servicios Sociales de Lorca, subraya que sus servicios «están desbordados» por la llegada de «cientos de personas», aunque no ofrece datos sobre el estado del proceso en el municipio. «Los servicios sociales están realizando registro, cita previa, entrevista e informe. Y se está gestionando con la mayor normalidad posible», señala, aunque destaca la «necesidad de presencia policial» para regular las colas.

Otro de los municipios donde se han visto mayores problemas, Jumilla, ha tramitado ya 600 solicitudes. En Molina, la concejala de Bienestar Social, Rocío Cózar, llama a la tranquilidad. El centro de La Cerámica dio hasta el pasado viernes 812 citas para el informe de vulnerabilidad, la última de ellas para el 15 de mayo, de las que se han atendido 154. «Todavía tenemos un mes y medio de margen», tranquiliza la edil. «Al principio todo el mundo quiere ser el primero y se generan pequeñas situaciones de colapso. Pero hemos reforzado la atención con hasta 6 compañeros».