
El Pleno de la Asamblea Regional rechazó este miércoles una moción de Vox que proponía eliminar el registro de objetores de conciencia de profesionales sanitarios … en la Región de Murcia, donde se inscriben aquellos médicos y enfermeros que se niegan por razones éticas a practicar interrupciones voluntarias del embarazo.
El partido de Santiago Abascal se quedó solo pidiendo la derogación de la obligación de contar con este registro, que en la Región de Murcia existe desde 2023. Considera el portavoz de Vox en la Cámara, Rubén Martínez Alpañez, que vulnera los derechos de libertad ideológica y religiosa de los profesionales sanitarios, los cuales se ven «estigmatizados» por la obligación de inscribirse en esta «lista negra».
Martínez Alpañez realizó en su intervención un recorrido por la historia contemporánea del siglo XX, comparando este registro con los señalamientos a la población judía en la Alemania nazi, los ‘gulag’ de la Rusia soviética o los informes de desafectos que se realizaban en la zona republicana durante la Guerra Civil. «El socialismo siempre actúa igual y ahora lo llaman registro de objetores de conciencia»; afirmó el portavoz.
La intervención de Alpañez fue duramente contestada por el resto de intervinientes durante el debate. La portavoz de Podemos, María Marín, recordó que su partido también está en contra del registro, aunque por razones distintas a las de Vox. «Todos los profesionales sanitarios tienen que garantizar los derechos de sus pacientes y aprovecharse de la objeción de conciencia solo favorece los intereses del lobby religioso integrista», el cual, denunció, copa los puestos de responsabilidad de los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales públicos en la Región de Murcia «para así impedir que se ejerza el derecho al aborto en la sanidad pública».
«Yo respeto a las personas creyentes profundamente. Pero también espero que las personas creyentes tengan el mismo respeto por los derechos, la salud y la seguridad de las mujeres. Obligar a abortar a una mujer en un centro privado, en clínicas que no ofrecen la misma seguridad, es sencillamente un crimen en nombre de la religión, fariseísmo y talibanismo ultracatólico», sentenció María Marín.
Por parte del PSOE, la portavoz Carmina Fernández criticó que el objetivo de la acción política de Vox es «discutir los derechos que tantos años nos ha costado conseguir» y reprochó al Partido Popular «que compre el discurso de la ultraderecha en la Región de Murcia». En ese sentido, recordó Fernández que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, realizó en octubre de 2025 una propuesta de derogar registros de objetores e implantar por contra un registro de médicos que realizan abortos. «El proceso siempre es el mismo. Vox empuja, Ayuso abre el camino y Feijóo compra el discurso», resumió la diputada.
Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Popular no se apoyó esta vez la propuesta de Vox. La defensa de su postura corrió a cargo del diputado Antonio Martínez Pastor, médico de profesión. Defendió que el derecho a la objeción de conciencia está plenamente garantizado en la Región de Murcia, así como la intimidad de los profesionales que se acogen al mismo, pues «los datos del registro de objetores están sometidos a estricta confidencialidad». También está garantizada en el sistema público autonómico, según dijo, la interrupción voluntaria del embarazo conforme a la ley vigente, por lo que la moción de Vox y el debate «no aportan nada». «Esta moción intenta generar una situación de conflicto donde no la hay. Si en algún caso hay dudas o discrepancias en la aplicación de la ley, la clave no es la agitación política, sino los tribunales de justicia», recordó el diputado.
De este modo, la moción quedó rechazada con los votos en contra de PP, PSOE y Podemos. Cabe destacar que se abstuvieron los dos diputados que pertenecían a Vox y ahora están en el Grupo Mixto, José Ángel Antelo y Virginia Martínez.
Piden un Registro Regional de Demencias y la eliminación del impuesto al plástico
Por otra parte, la Asamblea sí aprobó una moción de Vox que planteaba crear otro registro, concretamente el Registro Regional de Demencias, coordinado por las consejerías de Salud y de Política Social, que ofrezca de forma periódica de indicadores de prevalencia de enfermedades como el Alzhéimer. También proponía el incremento de dotación presupuestaria para ampliar los programas de respiro familiar y facilitar dispositivos de geolocalización a las personas diagnosticadas con deterioro cognitivo que presenten riesgo de desorientación.
La moción fue aprobada con el voto de los grupos de la oposición, mientras que el PP se abstuvo, amparándose en que está de acuerdo con la mayor parte de las cosas que propone, aunque para aplicarlas es necesario que la Región deje de estar infrafinanciada. Votó en contra de uno de los puntos, el número seis, que exigía «implantar mecanismos de promoción periódica del grado de dependencia reconocido en personas diagnosticadas con demencias progresivas, así como la tramitación prioritaria de sus expedientes». No obstante, este fue aprobado.
Asimismo, con los votos de PP y Vox, el Pleno de la Asamblea Regional aprobó una moción del Grupo Popular que exige al Gobierno de España la eliminación del impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables, así como promover junto a las comunidades autónomas y los sectores afectados programas de fomento de la economía circular y el reciclaje.
«España es hoy el único país de la Unión Europea que aplica este impuesto», afirmó el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco, quien recordó que el sector agroalimentario de la Región de Murcia se ve especialmente afectado por este tributo «que impacta en toda la cadena: agricultores, industria, logística, exportación».
El Pleno de este miércoles fue más corto de lo habitual, debido a que se aplazó el debate de varias mociones previstas para esta sesión para esperar que la Mesa resuelva los recursos presentados por los grupos parlamentarios por la inadmisión de algunas de sus enmiendas. De este modo, no se debatió la propuesta del PSRM para que la Comunidad conceda ayudas directas de 36.000 euros a los jóvenes de la Región para que paguen la entrada a una vivienda.

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