Los regantes no dan por «cerrados» los caudales ecológicos del Tajo y piden a la CHS que presione

Los regantes creen que el cuarto plan, que desembarcará en dos años, «abre una nueva oportunidad para replantear el futuro de la demarcación del Segura», incluyendo la posibilidad de «recuperar la función insustituible del sistema hidráulico Tajo-Segura para corregir su déficit estructural». Pese a perder la batalla por los caudales ecológicos en los tribunales, los usuarios del Trasvase no se resignan y estudian ya cómo hacer realidad la posibilidad de un cambio en la gestión hidrológica para frenar el recorte al acueducto. Para ello, han pedido la implicación directa del organismo que dirige Mario Urrea, con el fin de que interceda y presione en el futuro plan del Tajo.

Ese cambio de paradigma que buscan pasaría por poner en el centro del debate el «principio constitucional de solidaridad y la subordinación de la gestión de los recursos hídricos al interés general». El Tribunal Supremo ha ido en sentido contrario en sus últimas sentencias, priorizando la cuestión ambiental en el Tajo por encima de las necesidades de la cuenca del Segura. El Sindicato ve, en este tema, que han imperado «las consideraciones políticas», dando «valor absoluto a la regla de la prioridad de la cuenca cedente».

La elaboración de los cuartos planes de cuenca en el Segura y el Tajo es clave, pues todo hace indicar que la lista de trámites e informes previos que quiere cumplir el Ministerio para la Transición Ecológica arrastraría la modificación de las reglas del Trasvase prácticamente hasta los últimos pasos antes de activar las directrices para el siguiente ciclo hidrológico. La entidad dirigida por Lucas Jiménez le reprocha a la CHS que su documento tome como punto de partida «la práctica desaparición del acueducto» para sustituirlo por la desalación, cuyos planes de expansión van muy retrasados y están lejos de ser una alternativa.

Los esquemas del plan del Segura recogen simulaciones donde el transporte de agua hasta el Levante sería de 190 hm³/año en 2027 y 130 hm³ en 2039. El Scrats ha pedido nuevas proyecciones para 2028 con un escenario «realista y sostenible» para el Trasvase y «sin tomar como premisa que los caudales ecológicos del Tajo son inamovibles». En concreto, la organización apunta que no pueden darse por válidos esos volúmenes mínimos mientras no se realice el «estudio de seguimiento de los objetivos ambientales de la cuenca cedente y un juicio de ponderación entre los beneficios ambientales que los caudales tienen para la demarcación del Tajo y los perjuicios que causan en la cuenca del Segura».

Deberes por delante

Al presidente de la CHS le han pedido que su organismo «cuestione la interpretación» que hace la Confederación del Tajo sobre el «principio de prioridad» de su cuenca y, en concreto, por el planteamiento «insolidario» sobre que la regulación de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía sirva para evitar un escenario de sequía. Los regantes también le demandan que condicione la elaboración del plan del Tajo para que se haga «con transparencia, valoración de alternativas y rendición de cuentas».

La coordinación anticipada de las medidas que afecten tanto al Tajo como al Segura es otra exigencia. El Scrats quiere que la CHS «participe» en el proceso que evaluará ambientalmente el próximo plan del Tajo, y que «denuncie con firmeza ante la Dirección General del Agua el particular retraso de la CHT» a la hora de realizar los informes de seguimiento que debían analizar el avance del programa de inversiones que acompañó a los actuales planes de cuenca, dotado con casi 3.000 millones de euros. La mayoría de estas acciones prometidas no se han llevado a cabo, entre ellas la interconexión de las desaladoras en el Levante pensadas para dar garantías al regadío frente al recorte; el sindicato ha exigido la ejecución de esta obra «lo antes posible».

Única metodología

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que representa a 700.000 comuneros en España, también ha presentado alegaciones a estos primeros documentos de los próximos planes de cuenca, donde coincide con el Scrats en la necesidad de «revisar los caudales ecológicos y aplicar criterios homogéneos que garanticen la disponibilidad del agua para el regadío». La organización nacional, que debe guardar un equilibrio entre los distintos intereses territoriales de sus regantes, ha reclamado «una única metodología (única para todas las cuencas), que a día de hoy no existe, para calcular cómo afectan los caudales ecológicos al regadío».

Esta petición tiene el doble objetivo de que el análisis sea igual para todas las cuencas y de que se sepa realmente cuál es el impacto que tienen para el regadío y cuánta agua deja de estar disponible para el mismo. También solicitan flexibilizar la cuantía de estos caudales en «situación de sequía grave», reduciéndolos temporalmente incluso en espacios protegidos, con la finalidad de que estos entornos naturales «se adapten a una situación real de sequía prolongada»; también revisar los caudales ecológicos en las masas de agua donde estos han variado mucho como consecuencia del cambio climático.

La organización pide a las confederaciones hacer un análisis detallado de las aguas subterráneas que no se encuentren en un buen estado cuantitativo para evaluar la repercusión económica que la limitación de extracciones tendría sobre la actividad agraria. El Scrats también ha pedido esa mejora de conocimiento de los acuíferos, y replica a la CHS que la sobreexplotación se ha reducido, no por sus medidas, sino por la mala calidad del agua subterránea, afectada por la salinidad. «No cabe equiparar reducción de sobreexplotación con la reducción del déficit de la demarcación», inciden los regantes.

Las alegaciones del Scrats a los esquemas provisionales del próximo plan del Tajo parten de que la propia Confederación reconoce «de forma expresa que el acueducto no afecta a los criterios de garantía de las demandas consuntivas en la demarcación». Sin embargo, ese oorganismo de cuenca vincula el Trasvase a la detracción del 44% de los recursos disponibles en los embalses de cabecera, y que esto «implica un impacto» sobre las masas de agua del Tajo. Los regantes ven esta cifra «carente de rigor científico». Por ello, han pedido que se analice la presión de la infraestructura conforme a la metodología de la Directiva Marco del Agua.

El Scrats recuerda a la CHT que las medidas prometidas para modernizar regadíos y sistemas de depuración en torno al Tajo no se han ejecutado, y le indica que «deben reducirse de manera significativa» los caudales ecológicos para hacerlos compatibles con el Trasvase. Estos, añade, «tampoco pueden darse por definitivos porque está pendiente la actualización de la metodología para el cálculo de los caudales ecológicos de la Instrucción de Planificación Hidrológica», prometida en el real decreto que aprobó los actuales planes de cuenca.

Los regantes del Segura perciben que la nueva planificación hidrológica de la cuenca se va a olvidar de temas importantes, que ya no aparecen en los documentos iniciales, como la importancia socioeconómica del regadío de la demarcación, la sobreexplotación de los acuíferos del Altiplano, Noroeste y Albacete, los regadíos sociales e, incluso, la recuperación de la bahía de Portmán, que sí apareció en el ciclo anterior. La Junta Central de Usuarios Regantes del Segura y la Junta de Hacendados han presentado alegaciones conjuntas al ‘Esquema provisional de Temas Importantes’ del cuarto plan del Segura.

Las organizaciones que representan los intereses de los usuarios del Segura observan un grave bloqueo a la consolidación de regadíos en la demarcación, un «asunto pendiente» desde 1998, cuando empezaron los planes hidrológicos. El proyecto de cuenca vigente ya reflejaba que la CHS «está promoviendo trabajos técnicos y de reconocimiento de campo necesarios para sustanciar la tramitación de solicitudes de regularización de aprovechamientos consolidados», resumen los regantes. Sin embargo, «salvo una excepción en Totana, no se ha promovido ni resuelto el reconocimiento efectivo de dicha consolidación» en la cuenca hidrográfica del Segura. Por ello, las dos entidades consideran que este asunto debe incluirse en el documento inicial del cuarto ciclo, ya que «adquiere carácter de tema importante a tener en cuenta».

Entre otros asuntos, los regantes critican la elevada cifra económica que se debe pagar por las sanciones que establece la CHS para los regadíos ilegales y abordan la necesidad de mejorar la conservación y explotación de las presas, «dado su estado actual de obsolescencia y deterioro». Consideran importante, ya que buscan el mayor almacenamiento posible de recursos propios con los que regar en la huerta tradicional, aumentar la capacidad de transporte del túnel Talave-Cenajo, reforzar los pantanos de toda la cuenca y el recrecimiento de Camarillas.

Las dos juntas critican especialmente, al igual que también lo ha hecho el Sindicato Central de Regantes del Acueducto, el bajo desarrollo de las medidas e inversiones previstas en los últimos planes de cuenca. Apuntan que tampoco se ha llevado a cabo los programas de actuación para recuperar los acuíferos sobreexplotados, y que solo se han aplicado «medidas cautelares ineficaces».

Recuerdan, asimismo, que la interconexión de las desaladoras con el interior de la cuenca «tiene el rechazo expreso de los representantes de los regadíos tradicionales de las vegas del Segura, por cuanto conlleva la mezcla de las aguas desaladas con los recursos renovables del río». Es por ello que reclaman a la Confederación descartar la medida si esta implica directamente el uso del río.