La Región lidera el descarte de frutas y verduras del mercado con más de 20.000 toneladas al año

Estos volúmenes son solo una parte pequeña de lo que realmente se pierde en todo el proceso de cultivo, comercialización y compra de estos vegetales en los lineales, ya que solo se tienen en cuenta las retiradas reguladas por los Programas Operativos de las OPFH (Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas), que se encargan de cubrir económicamente una pequeña parte para compensar a los productores. Sin embargo, la gran mayoría de estas frutas y hortalizas descartadas encuentran un destino alternativo, como fines sociales, colegios u hospitales, alimentación del ganado o compostaje para siguientes producciones.

El brócoli, el tomate, la lechuga o el melón son los productos murcianos con más cantidades retiradas del circuito comercial ordinario. Entre 2018 y 2024, la Región acumuló 141.412 toneladas, siendo el último año de ese periodo en el que más alimentos fueron apartados –26.000 toneladas–, tras registrarse un ascenso progresivo. Andalucía o Comunidad Valenciana, grandes productoras hortofrutícolas, descartaron hace dos ejercicios entre 12.000 y 10.000 toneladas, anotando un descenso importante desde la pandemia.

Estas cifras han sido recopiladas por un grupo de científicos españoles de distintos organismos pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a universidades estatales o extranjeras, como Jaime Martínez Valderrama, Fernando Tomás Maestre, Jorge Olcina o el caravaqueño Javier Martí, investigador del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA). Con las estadísticas del FEGA, han podido calcular las huellas hídrica y la de carbono «de esa pequeña parte del desperdicio alimentario que se genera, pero no podemos ver todavía la magnitud real, ya que solo se aprecia la punta del iceberg», manifiesta Martí Talavera.

Uso del agua

El consumo de agua asociado a esos productos que no se servirán en los supermercados equivale en Murcia a una media anual de 7,3 hectómetros cúbicos. En total, para los siete años analizados, el empleo de recursos hídricos para estos descartes ascendió a 51 hm3, un volumen solo superado por Comunidad Valenciana. Los cálculos elaborados por los expertos del CSIC y de otros centros de investigación «muestran un problema en la utilización de grandes cantidades de agua superficiales y subterráneas, con sus infraestructuras asociadas, que terminan por desperdiciarse».

Este modelo de agricultura intensiva, explica Martí, «contribuye a la desertificación». «Estamos en la huerta de Europa, pero generamos problemas de sobreproducción regando con un agua que se podría destinar a otros fines», remarca. El investigador de la UA no aparta el foco del «desperdicio alimentario de miles de toneladas de frutas y verduras sin recoger, que se quedan en los bancales». Aparte del agua que se consume, «se está maltratando el suelo por el uso de fertilizantes, y así se pierden sus propiedades». La huella de carbono, por otro lado, se sitúa en 12.918 toneladas de dióxido de carbono equivalente (t CO₂-eq) al año.

Las cantidades que dejan de comercializarse y que se retiran a través de los programas de las OPFH son excedentes del mercado que salen del mismo para estabilizar los precios ante caídas bruscas de cotización o sobreproducción. Estas organizaciones –la Comunidad cuenta con más de 75– pueden acceder a fondos y ayudas de la Unión Europea para invertir en la mejora de instalaciones, mejorar la calidad de los productos, amortiguar pérdidas u optimizar la comercialización frente a las grandes cadenas de distribución.

Para tener un mejor control sobre las subvenciones que ayuden a cubrir las frutas y hortalizas expulsadas de la cadena, el volumen total de productos retirados del mercado no puede superar el 5% de la producción comercializada por la OPFH durante ese año. Sin embargo, las cantidades destinadas a la distribución gratuita disfrutan de condiciones más ventajosas y techos más flexibles.

Las plagas o los precios

Desde el ámbito agroalimentario rechazan el término «desperdicio alimentario» cuando se aplica a producciones que no llegan al consumidor final. Las plagas como la del pulgón vivida recientemente en el Guadalentín y el Campo de Cartagena, las condiciones climáticas extremas o los colapsos de precios en el mercado hortofrutícola –cuando además no se llegan a cubrir los costes de producción– «pueden dejar alimentos comerciales que no son de primera categoría, pero que siguen siendo alimentos», explica Fernando Gómez, director de Proexport. En esos casos, los productos «no pueden entrar en la línea de distribución habitual» y se busca «una alternativa».

Esto se puede hacer incluso cuando el producto ya ha sido manipulado o envasado, pero no reúne los requisitos para alcanzar las estanterías de un supermercado. «Ese alimento es 100% comercial, pero hay un problema para colocarlo», como deformaciones, roces o incluso que «el precio que el mercado te ofrece está por debajo de tus costes, con lo cual irías a pérdidas». Ahí entran en juego las OPFH, que destinan, sobre todo, esos productos hortofrutícolas a «bancos de alimentos u otras organizaciones sociales» a cambio de una remuneración, subraya Gómez: «Es la bondad del sistema, que permite que el producto, que no llegaría de forma normal al mercado, sí pueda llegar a una parte de la población que lo necesita».

Ecologistas en Acción pide a los productores una planificación más ajustada y acorde a las necesidades reales del mercado, «ordenar las producciones para no generar tanto desperdicio de comida». La organización entiende que esos volúmenes de comida descartados implican «la explotación de mucho territorio agrícola y el empleo de grandes cantidades de fertilizantes y fitosanitarios, además de dinero público», como las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

La rigidez de los estándares de calidad comerciales impuesta por las cadenas de distribución representa otro de los grandes focos de tensión. Los rechazos en destino por no cumplir calibres milimétricos, formatos de presentación específicos (como tomates en rama perfectos) o por la presencia de plagas estivales generan frecuentes controversias entre los clientes europeos y sus empresas proveedoras en la Región de Murcia.

Así lo denunció recientemente la Organización Mundial de Cítricos, a través una queja de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo, en la que cargaban contra los protocolos de seguridad alimentaria de algunos supermercados, que llegan a plantear exigencias más duras que las establecidas por ley.

No obstante, para protegerse ante reclamaciones infundadas o intereses especulativos de intermediarios en el extranjero, las empresas exportadoras monitorizan la curva térmica del transporte en tiempo real y conservan muestras ‘testigo’ en sus propias cámaras frigoríficas para acreditar el estado en el qué ha llegado la carga al país de destino.

Sin embargo, Fernando Gómez, director de Proexport, apunta a que persisten problemas graves en la recepción, como «mercancías expuestas durante horas a altas temperaturas en los muelles de descarga» del comprador, lo que rompe la cadena de frío y acelera la degradación del alimento en fresco.

Por otro lado, las exportadores del sector agrícola recurren de forma creciente a la contratación de servicios externos de auditoría en los países de destino. Estas agencias especializadas, entre las que destaca la plataforma sectorial Free Audit –utilizada por Fepex–, tienen la capacidad de personarse de forma inmediata en los almacenes del comprador extranjero cuando se notifica una reclamación.

Su función principal consiste en realizar una inspección técnica ‘in situ’ para verificar el estado real del producto fresco. «En un mercado de hortalizas que opera a gran velocidad, donde un camión llega a ciudades como Frankfurt en 48 horas» y se comercializa al día siguiente, contar con una respuesta pericial rápida en el lugar de entrega «resulta determinante para resolver disputas» complejas y evitar la pérdida total de la mercancía.

La batalla contra la merma de alimentos encuentra su punto crítico en la logística del último kilómetro y en el mantenimiento de las condiciones de conservación en los supermercados. «Una hortaliza inicia su proceso de deterioro natural desde el mismo instante en que se corta», un proceso que los centros de envasado mitigan mediante «tecnologías de enfriamiento rápido por vacío (‘vacuum cooling’) y transporte refrigerado», detalla Gómez.

El problema se traslada al punto de venta si la distribución rompe esta inercia térmica o si el producto se deteriora por una manipulación excesiva por parte de los clientes. Aunque los supermercados avanzan en políticas de descuento para dar salida a los productos al cierre de la jornada, el portavoz de Proexport opina que la gestión logística y la reposición deben mejorar en estos centros para reducir el desperdicio.