El decreto de vivienda ampliará los beneficiarios del IVA del 4% por comprar una casa en la Región

La de este viernes será la segunda ocasión en la que el Gobierno regional dé el visto bueno a esta normativa, que ya fue aprobada en octubre de 2025 y entró en vigor durante unas semanas, hasta que la Asamblea decidió no convalidarla con el voto de PSOE, Vox y Podemos. Tras nueve meses de negociaciones, el Ejecutivo de López Miras por fin tiene los apoyos para poder poner en marcha el que constituye uno de los grandes proyectos estrella de la legislatura, tras haber alcanzado un acuerdo con el partido de Abascal para que sus siete diputados regionales permitan la convalidación en la Cámara autónoma.

El documento que aprobará este viernes el Consejo de Gobierno es diferente al que se autorizó en octubre, debido a los cambios que ha sufrido en estos meses de tira y afloja entre PP y Vox. Y no solo por la introducción de la prioridad nacional y la eliminación de fórmulas como el ‘coliving’ y el ‘cohousing’. Además de eso, se han incorporado nuevas iniciativas que, según defienden desde el Ejecutivo, dan más facilidades a los jóvenes y las rentas medias para acceder a una vivienda.

Así, uno de los últimos añadidos tiene que ver con los impuestos. «Ante la negativa de Pedro Sánchez de rebajar el Impuesto de Valor Añadido (IVA) por la adquisición de viviendas nuevas con carácter general del 10% al 4%, el Gobierno de Fernando López Miras ha actuado en el marco de sus competencias y va a conseguir, a través del decreto ley de vivienda asequible, que se amplíe el número de destinatarios que se puedan beneficiar del tipo superreducido de IVA, lo que va a permitir que las personas de clase media puedan adquirir una vivienda asequible con una rebaja de impuestos, ante la situación de emergencia residencial», explican fuentes de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, que dirige Jorge García Montoro.

Para ello, la norma autonómica eleva hasta 5,5 veces el IPREM el límite máximo de ingresos de las unidades familiares o de convivencia que podrán acogerse a este régimen especial de vivienda protegida asequible, elevando hasta en tres puntos el indicador. Y es que hasta la fecha, con el límite en el 2,5 del IPREM, solo las personas que cobraban como máximo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, 1.290 euros al mes, podían beneficiarse de esta reducción del IVA del 10 al 4%. Con el cambio legal que realizará el Ejecutivo de López Miras, ahora también se podrán beneficiar todos aquellos que ganen hasta 2.400 euros mensuales.

«Con estas ventajas fiscales el Ejecutivo regional posibilita que los jóvenes y familias puedan acceder a un hogar, ya que verán reducido el esfuerzo económico necesario para la compra de una vivienda», afirman fuentes de la Consejería, que recuerdan que, al margen del decreto, «el Gobierno regional tiene una fiscalidad muy ventajosa para los menores de 40 años que compren su primera casa de segunda mano, con un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 3% frente al 7,75% del ITP con carácter general».

Una vez que sea aprobado este viernes en el Consejo de Gobierno, el decreto se publicará en el Boletín Oficial de la Región (BORM) y entrará en vigor. La Asamblea Regional tiene un mes para convalidarlo, para lo que la Diputación Permanente tiene que reunirse y habilitar un Pleno extraordinario, ya que el periodo de sesiones ha finalizado.

Asimismo, el decreto incluye otras medidas como la declaración de urgencia de todos los trámites administrativos relacionados con los proyectos de vivienda asequible, lo que permitirá acortar a la mitad los plazos vinculados con la concesión de licencia; el establecimiento de distintas primas de edificabilidad, que en el caso de los solares afectados por restos arqueológicos o elementos protegidos alcanza el 50%; y la potenciación al máximo de figuras de planeamiento como los estudios de detalle, con el fin de agilizar el proceso burocrático.

Del mismo modo, se fija el valor máximo del metro cuadrado construido en 1.840 euros (actualmente está en 1.655 euros). En cuanto al coste de las casas, en su día el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, calculó que un piso asequible de nueva construcción, con unos 90 metros cuadrados de superficie y ubicado en el municipio de Murcia, podría tener un coste económico de «entre 160.000 y 170.000 euros». Una cifra que parecía demasiado elevada a la oposición de PSOE y Podemos, que criticaron que eso «no era vivienda asequible». Fuentes del Ejecutivo avanzan que en la rueda de prensa que se celebrara tras la reunión del Consejo de Gobierno se hablará de nuevos precios.

Miras y Calviño

El decreto-ley de vivienda asequible que el Consejo de Gobierno aprueba este viernes fue puesto como ejemplo por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante su intervención de este jueves en el Pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea. En ese sentido, López Miras destacó que la norma «va a permitir poner a disposición de las familias que más lo necesiten y, sobre todo, de los jóvenes, 25.000 viviendas en los próximos cinco años» y reivindicó el papel de las comunidades autónomas para afrontar esta situación de emergencia residencial mediante «marcos legislativos que faciliten la promoción y la construcción de viviendas asequibles y protegidas».

Finalmente, el jefe del Ejecutivo regional resumió sus propuestas afirmando que «hay que eliminar normas intervencionistas como las del Gobierno de España, que están estrangulando la oferta; hay que aprobar nuevas simplificaciones burocráticas; hay que poner en marcha más vivienda protegida y vivienda asequible, más suelo y también más instrumentos financieros flexibles».

En ese sentido, el presidente de la Comunidad Autónoma insistió en reclamar al Banco Europeo de Inversiones (BEI) instrumentos financieros flexibles para las comunidades autónomas a la hora de afrontar el problema de la vivienda. La presidenta del BEI y exministra de Economía y Hacienda en el Ejecutivo nacional del PSOE, Nadia Calviño, le respondió que la Región de Murcia no se encuentra entre las autonomías que han pedido financiación a la institución ni para la construcción de viviendas ni para otros proyectos.