Carolina Espinosa: «La segregación en los colegios pone en riesgo la convivencia futura»

-¿Cómo ha cambiado el trabajo de Accem en estos 20 años?

-Drásticamente. Es un largo recorrido. Este año, nuestra celebración coincide con el 75 aniversario de la Convención de Ginebra de 1951. Desde aquel momento en que se aprueba el Estatuto del Refugiado, que ha fijado el marco legislativo hasta hoy, hemos afrontado muchos cambios. Ahora acaba de entrar en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que viene a modificar la forma en la que se ha podido acceder a la figura del asilo, poniendo en algunos casos en tela de juicio los derechos fundamentales. Es algo que nos preocupa mucho en este momento.

-¿Qué impacto puede tener? 

-Estamos todavía en una fase primaria, pero hemos recibido ya a algunas personas que han solicitado la figura de asilo necesariamente por el procedimiento de asilo fronterizo, que viene a establecer unos plazos muy estrechos, con un máximo de 12 semanas desde que se formaliza hasta que se resuelve. Estamos a expensas de conocer cómo va a ser la figura del retorno de quienes reciban una negativa, que es lo que más nos preocupa. Aquellas personas a las que se les deniegue el asilo y tengan que retornar a sus países y se enfrenten a la inadmisión, que ya sabemos que existe en los países de origen, van a quedar en una situación de exclusión severa, situación de calle e irregularidad. Y está por ver qué soluciones y alternativas podemos ofrecer.

-¿Qué cifras cuentan mejor la historia de la entidad en la Región?

-Puedo hablar desde programas hasta personal y, sobre todo, de personas atendidas. Comenzamos en la ciudad de Cartagena en 2006 con el programa de apoyo individualizado de atención humanitaria a personas migrantes y, en función de las necesidades detectadas en distintos territorios, hemos ido avanzando. En cifras de personal, en 2022, antes de la emergencia de Ucrania, la plantilla de Accem estaba en torno a 70 personas; actualmente somos cerca de 460. Esto da una idea de la magnitud que ha alcanzado Accem en la Región. En 2015 y 2016 abrimos en Murcia con presencia en pedanías, y en Archena y Valle de Ricote, y más tarde llegamos a Librilla y Molina de Segura. De la atención humanitaria hemos pasado a la acción concertada con la protección internacional y la inclusión social. También comenzamos con el fomento de la empleabilidad, el trabajo con personas mayores en el medio rural y hemos potenciado el voluntariado, entre otras cosas. A esto se suman programas gestionados a través del IRPF estatal, como los de trata, discriminación por origen racial o étnico y mujeres víctimas de violencia de género. Además, en el primer semestre de este año hemos atendido en la Región más de 2.200 solicitudes de protección internacional y otras figuras jurídicas.

-La Región es puerta de entrada por vía marítima de inmigración irregular. ¿En qué punto nos encontramos? 

-Desgraciadamente, el contexto internacional viene marcado por los conflictos armados. Hay un aumento importante de estos, una gran polarización y tendencias totalitarias que ponen en riesgo la seguridad, la dignidad y la paz mundial. Efectivamente somos frontera marítima. En el centro de Cartagena –el antiguo Hospital Naval– recibimos a personas que vienen de Baleares y que inician rutas muy peligrosas. Abogamos por vías seguras y legales, que darían una alternativa a quienes necesitan salir de sus países, que es lo que recoge la figura del refugio.

-¿Cómo han evolucionado las peticiones de asilo?

-El año pasado y este se han reducido. Pero eso viene determinado porque se han excluido zonas de países concretos, como Mali, para obtener una resolución favorable. También han aparecido nuevas figuras en el reglamento de Extranjería, y en este momento estamos en fase de recepción de solicitudes de regularización extraordinaria. Accem es entidad colaboradora del Ministerio de Inclusión y hemos estado muy alerta para dar información y ayuda a las personas interesadas a través del apoyo jurídico. Estamos volcando muchos esfuerzos para dar respuesta, porque estamos de acuerdo en la necesidad de regularizar a las personas que ya están en España, muchas de las cuales se ven abocadas a la economía sumergida sin poder contar con los derechos a los que deberían acceder por el mero hecho de ser personas.

-¿Están dimensionados los recursos en la Región para su realidad migratoria? 

-Solo hay que dar una vuelta por la ciudad de Murcia y ver que hay muchas personas en situación de calle para responder. Nos consta que hay esfuerzo por parte de la Administración local y regional. Pero hay diversas circunstancias, como el aumento de conflictos armados, que están provocando llegadas masivas. Y con la exclusión de algunos perfiles concretos para ser beneficiario de una resolución de asilo, estamos en una situación aún más compleja todavía.

-El usuario de Accem ha estado en transformación permanente. Hablaba de Ucrania como punto de inflexión. ¿Cómo ha cambiado su perfil y sus necesidades?

-Inicialmente atendíamos exclusivamente a personas inmigrantes y refugiadas. Pero hemos evolucionado hacia la población en riesgo de exclusión social en su conjunto, prestando atención donde podemos llegar gracias a la financiación de las distintas administraciones. La emergencia de Ucrania todavía colea en España, y hemos avanzado hacia figuras como los menores extutelados, que son chicos de entre 18 y 21 años que salen de la protección autonómica, y personas mayores y sin hogar, que son perfiles de exclusión social severa, sin importar el origen.

Prioridad nacional y polarización

-¿Qué le dice la expresión ‘prioridad nacional’?

-Aprovecho para recordar el lema de nuestra campaña: hablamos de ‘un refugio para la paz’. Las personas necesitan vivir en paz, no como ausencia de guerra, sino como una necesidad alineada con la dignidad. Plantear estas cuestiones exclusivamente como patrimonio, como Estado, desatiende por completo la realidad.

-La inmigración se ha convertido en arma arrojadiza en el debate político. ¿Cómo reciben esto mientras trabajan por su integración?

-Con cierta sorpresa. Faltan experiencias directas con estas personas; la realidad es que cuando se tienen, el discurso cambia mayoritariamente. Nosotros nos centramos en nuestra razón de ser, que es atender a las personas. No podemos participar de esas opiniones porque sabemos que son personas que vienen forzadas, jugándose la vida sin una vía segura, en una situación de indefensión y de ruptura drástica, buscando oportunidades. A veces se centra el debate sobre esta población solo en términos de utilidad. Hay que crear espacios de convivencia, no de coexistencia. Desde luego, no abandonamos la labor de comunicar cómo estas personas vienen a sumar a una región eminentemente agroalimentaria, donde la necesidad de mano de obra en determinados sectores no queda cubierta con población autóctona. Hay varias cuestiones que atraviesan esta situación. Primero, el derecho a permanecer o estar. Y en segundo lugar, entendiendo que necesitamos un orden social, económico, político, pero si hablamos de personas que son necesarias en este país, habría que garantizar su llegada segura y su permanencia.

Más implicación empresarial

-¿Cómo explica la paradoja entre esa necesidad y el aumento del apoyo en las urnas al discurso antimigratorio?

-Asusta la deshumanización que estamos viviendo. En la Región tuvimos la desgraciada situación de Torre Pacheco, donde venían conviviendo distintas nacionalidades desde hace años. Sin embargo, agentes externos se desplazaron hasta allí y avivaron los discursos de odio. Sorprende que, siendo una región donde la inmigración es necesaria, no se esté atendiendo. En esto, el sector empresarial tiene un peso muy importante, y deberían empezar a tejerse alianzas que nos unan a las organizaciones sociales, las administraciones que financian los proyectos y el tejido empresarial que necesita incorporar esa mano de obra.

-En Extremadura el Gobierno autonómico de PP y Vox ha eliminado todas las subvenciones a Accem por considerar que colabora con la inmigración ilegal. ¿Teme un escenario similar en la Región?

-Espero que no ocurra. Murcia es una región donde ya gobiernan ideas próximas a la derecha o extrema derecha. Pero hay un marco de protección para estas personas que conlleva una adaptación de normativas a nivel europeo y nacional. Espero que se entienda que estas personas son portadoras de derechos por ser seres humanos. Si podemos aislarnos un poco y seguir trabajando es porque las miramos a la cara. Es tan sencillo como eso. Cuando llega a nuestro pasillo una madre embarazada con tres hijos menores en situación de calle, no hay argumento válido que pueda justificar desatender esa necesidad.

-¿Qué falla antes de llegar a estallidos como el que vivió Torre Pacheco?

-Creo que es necesario generar espacios para la convivencia comunitaria. Es fundamental trabajar desde los colegios, porque algunos se están convirtiendo en guetos exclusivos de población inmigrante, aislando al resto de niños, y esa segregación pondrá en tela de juicio la convivencia futura.

-El proceso de regularización ha puesto a prueba la capacidad de las entidades. ¿En qué situación están?

-A falta de seis días para que finalice el plazo, llevamos en torno a 480 o 500 solicitudes presentadas. El esfuerzo ha sido máximo porque es una oportunidad a la que todo el mundo se quiere aferrar. Los plazos son muy cortos y cuesta mucho conseguir la documentación de los consulados, que además debe estar apostillada. Apuramos todo lo posible.

-¿Ve necesario un aumento del plazo?

-Creo que sí. Se arrojan datos de 900.000 solicitudes presentadas, y la realidad es que seguimos intentando atender lo más rápido posible a todas las personas que tenemos. He pedido una orden de coordinación para volcar todos los esfuerzos, incluso ampliando la jornada laboral, para presentar las solicitudes de todas aquellas personas que han mostrado su interés.

-De cara a los próximos años, ¿cuál es el escenario que más le preocupa?

-El endurecimiento de las políticas migratorias. Estamos hablando de externalización de fronteras y de centros de deportación; da igual que sean familias con menores o menores no acompañados. Están practicando este discurso en Europa y esto realmente me preocupa. Estas personas pueden quedar completamente desamparadas, sin más alternativa que la irregularidad, con todo lo que eso conlleva. Queremos ser útiles. Pero también alzaremos la voz si se vulneran derechos.

-¿Y la esperanza?

-Creemos que la solución a estas situaciones tiene que ser necesariamente una idea colectiva. Como sociedad tenemos que acoger y dar respuesta. Mi esperanza es que, estando en un país democrático, no vayamos hacia esas tendencias xenófobas, racistas y excluyentes. Todo lo contrario, que avancemos hacia una sociedad cohesionada, acogedora y respetuosa.

-Diversas entidades alertan del aumento de jóvenes que viven en la calle. Muchos de ellos son extutelados por la Administración. ¿Qué está fallando?

-Falla que falta un plan de integración real que las organizaciones venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Los discursos están completamente polarizados y avanzan hacia manifestaciones de odio y desconfianza. Llevamos a cabo un programa de extutelados con plazas residenciales y de seguimiento, planteado para que puedan formarse y optar a un mejor trabajo, pero la realidad es que necesitan ayudar a sus familias en sus lugares de origen. Lo comprendemos e intentamos conjugar la formación con trabajos a jornada parcial. Vemos cómo chavales en edades muy tempranas salen de los centros de menores porque el número de plazas de extutelados no se corresponde con las de menores, y no tienen otra alternativa.

-El acceso a la vivienda es un problema generalizado, pero en personas vulnerables debe ser un aspecto crítico. ¿Cómo afecta la crisis actual al trabajo de integración?

-Es uno de los principales problemas que detectamos. Falta vivienda asequible, está muy encarecida y el racismo inmobiliario existe. Tenemos un programa de vivienda; cuando Accem es quien formaliza y suscribe el contrato, no suele haber problema, porque somos garantía de pago. Pero cuando estas personas tratan de vivir de forma autónoma y formalizar sus propios contratos, se producen desde abusos hasta la negativa directa por racismo. La vivienda es la base más necesaria para construir una vida.